Santo Domingo.– La Primera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional comenzará este martes el conocimiento de los recursos presentados por varios de los condenados en el caso Antipulpo, proceso en el que se investigó una estructura vinculada al manejo irregular de fondos públicos por más de RD$5,000 millones.
Entre los condenados que recurrieron la decisión figura Juan Alexis Medina Sánchez, señalado por el Ministerio Público como una de las principales figuras del entramado investigado. El expediente también involucra a la exvicepresidenta del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper), Magaly Medina, al exdirector de esa institución Fernando Rosa, al exministro de Salud Pública Freddy Hidalgo, al excontralor general de la República Antonio Germosén Andújar y a Aquiles Alejandro Christopher Sánchez, quien se desempeñaba como fiscalizador de la OISOE.
Durante el proceso, el Ministerio Público ha planteado que Alexis Medina utilizó sus vínculos con instituciones estatales para desarrollar un esquema mediante el cual habría obtenido contratos y favorecido la adjudicación de obras públicas.
La fiscal Elizabeth Paredes sostuvo en sus conclusiones que parte de las maniobras investigadas se produjeron en la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE) y el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), donde, según la acusación, se habrían producido irregularidades en procesos de contratación y ejecución de proyectos.
El expediente incluye además a otras personas vinculadas al proceso, entre ellas la consultora jurídica Lina de la Cruz Vargas, Pachrysty Ramírez, Víctor Encarnación y Aquiles Christopher. También figura Francisco Pagán, quien dirigió la OISOE y fue condenado previamente por su participación en los hechos investigados.
De acuerdo con la investigación, Medina Sánchez habría recurrido a personas que figuraban formalmente en determinados negocios y contratos para ejecutar las operaciones bajo investigación. Entre ellas se encuentra José Dolores Santana, señalado como uno de los presuntos testaferros utilizados en el esquema.
Asimismo, el expediente hace referencia a las empresas Domedical Supply SRL y General Supply SRL, vinculadas a transacciones y pagos realizados con fondos públicos, incluyendo recursos gestionados a través del Ministerio de Hacienda.
Con el inicio de la fase de apelación, los jueces de la Corte deberán evaluar los argumentos planteados por los recurrentes y determinar si mantienen, modifican o revocan las decisiones adoptadas en la etapa anterior del proceso.
